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| Riachuelo: el reino de la impunidad |
| 17 de septiembre, 2008 |
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La primera etapa del cronograma impuesto por la Corte, correspondiente a la inspección de las más de 4000 empresas asentadas en la cuenca, fue cumplida sobre la hora, demostrando dos cosas. Por un lado, las carencias del Estado, que en quién sabe cuántos años, no logró tener –pese a la existencia de créditos, programas, planes y comisiones- un mapa claro de la contaminación del área. La inspección, no obstante, fue a contrapelo con la lógica, corriendo contrarreloj y revelando que las empresas manejan un margen de impunidad intolerable. Por eso, el segundo elemento que dejó este primer paso exigido por la Corte fue la clara muestra de impunidad empresaria que reina en la Argentina y, más precisamente en el Riachuelo. Hubo 34 empresas que debieron ser allanadas con orden del juez de Quilmes destinado por la Corte para la continuidad del proceso Riachuelo, para que de ese modo pudieran ser inspeccionadas. Quiere decir que ni siquiera con la orden explícita de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo al que se llegó tras dos años de proceso, algunos empresarios entendieron que el Estado podía ingresar a fiscalizar qué clase de producción es la que ejecutan en sus instalaciones.
Una vez vencido el plazo estipulado por la Corte para la presentación del informe del estado de las empresas por parte de la Autoridad de Cuenca, la Justicia debió ordenar el allanamiento de 34 empresas radicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo, que se negaron a ser inspeccionadas durante el proceso de relevamiento realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La medida fue adoptada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y contó con el trabajo de inspectores de la Secretaría y el acompañamiento de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal y Bonaerense. Las empresas allanadas se encuentran en los municipios de Lanús, La Matanza, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y en la ciudad de Buenos Aires.
Alejandro Rosi, secretario del Comité de Cuenca Matanza-Riachuelo, señaló que "lo que se busca con estas medidas es tener los indicadores de aporte contaminantes, que se incorporarán al informe que se remite al Juzgado", durante el allanamiento a la empresa L.V.G.Cueros, ubicada en el partido de Lanús."El objetivo es inspeccionar las instalaciones luego de que se negaron a permitir en otras oportunidades el ingreso de inspectores de la Secretaría", dijo. Efectivamente, tras esos procedimientos se clausuraron otras cuatro empresas que se suman al inmenso listado de clausuras dispuesto por Picolotti, sin que sin embargo se conozca cuánto han mejorado esas instalaciones para que se les permitiera luego seguir funcionando.
Lo más dramático del cumplimiento de este plazo impuesto por la Corte fue comprobar que el Estado sólo funciona bajo coerción de la justicia. ¿Por qué no hubo jamás antes una inspección a las 4000 industrias que ahora fueron “visitadas” por imperio del fallo de la Corte?
Lo que sigue ahora será seguramente más complicado.
En los próximos treinta días se deberá intimar a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes que arrojen residuos, descargas, emisiones, para presentar el plan de tratamiento. Esto significa en la realidad que unas 4000 empresas distinguidas como contaminantes deben ser compelidas a decir cómo solucionarán ese problemita. Allí se verá una vez más tanto la capacidad del Estado para imponerse como la impunidad histórica y enquistada de las empresas. Luego, en los sesenta días posteriores la Autoridad de Cuenca evaluará sobre la viabilidad y, en su caso, aprobación del tratamiento de esos procesos presentados por las empresas contaminantes. Y en 180 días, es decir para comienzos del 2009, se dará la orden para las empresas cuyo plan no haya sido presentado o aprobado cesen en el vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes que impacten de modo negativo la Cuenca. ¿Quién se hará cargo de semejante decisión que quizás involucre a centenares de empresas de alta capacidad de producción y de lobby?
La Autoridad de Cuenca, llegado este punto, determinará la adopción de la clausura total o parcial y/o traslado de la empresa contaminante; la puesta en conocimiento de las líneas de créditos existentes y disponibles para las empresas (a las que las empresas le huyen); la presentación pública, actualizada trimestralmente, del estado del agua y las napas subterráneas, además calidad del aire y la presentación pública fundada del proyecto de reconversión industrial y relocalización, en el marco acta acuerdo plan de acción conjunta para la adecuación ambiental del polo petroquímico de Dock Sud, empresas involucradas, población afectada.
Argentina año verde.
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