 |
| |
 |
| La justicia puso en marcha la causa contra Picolotti |
| 23 de junio, 2008 |
|
Inesperadamente y en silencio, mientras arreciaba el conflicto por el campo y los incendios en el delta no dejaban de aparecer, la jueza María Romilda Servini de Cubría allanó las oficinas de la Fundación ArgenInta, dando así por reverdecida la causa por estafa que se le inició a Romina Picolotti tras la publicación de parte del matutino Clarín sobre manejos irregulares de la Secretaría de Medio Ambiente a través de la derivación de fondos hacia esa institución. Esta fue la primera acción efectuada por la jueza tras diez meses de puesta en marcha la causa. En agosto de 2007, el fiscal federal Guillermo Marijuán resolvió imputar a Picolotti por estafa y defraudación del erario público, recogiendo y unificando de ese modo las cuatro denuncias que habían alcanzado la justicia luego de la publicación de Clarín.
Los diversos denunciantes le habían pedido a la Justicia que investigue la supuesta contratación de "amigos y parientes en forma indiscriminada", la posible "derivación de fondos públicos para pagar gastos personales", y el aparente "mal manejo de los generosos fondos" de Ambiente, cuyo presupuesto fue quintuplicado este año. El eje de la denuncia estaba en la operatoria de derivar fondos a la Fundación ArgenInta para que fuera ésta la que contratara diversos servicios –empresariales y personales- de modo de eludir controles del Estado, tales como llamados a licitación o concursos de precios. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente derivó en 2007 más de veinte millones de pesos a ArgenInta, una fundación dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para luego facturarle a esta institución los gastos realizados por el organismo a cargo de Picolotti.
La justicia hizo trascender que “una delegación del Juzgado Nº 1, acompañada por la Policía Federal, llegó sin aviso a Cerviño 3101, para recolectar –durante varias horas– 61 cajas con toda la documentación disponible en la fundación sobre el manejo de los fondos de la secretaría de Picolotti”.
Picolotti, se recuerda, había desmentido todas y cada una de las acusaciones y las adjudicó a una operación del multimedios Clarín por un supuesto enojo de ese grupo ante la demanda de inversiones para la reconversión industrial de Papel Prensa. También, como suele decirse, Picolotti aseguró que se avendría a toda acción de la justicia para comprobar su inocencia. Este allanamiento confirma que para la justicia la investigación debe concretarse por existe alguna pertinencia en las denuncias y, de paso, se da un mensaje político concreto. Llama la atención, entonces, que el diario que puso la denuncia en su tapa no haya publicado una sola línea de esta noticia que, en los hechos y al menos periodísticamente, le da entidad a aquel título de tapa sobre “Los extraños manejos en la Secretaría de Medio Ambiente”. Luego de esa denuncia del 8 de julio pasado, Clarín se ocupó en un par de oportunidades de señalar, primero que la causa no tenía juez, luego que el fiscal Marijuán había determinado imputaciones y finalmente que Servini de Cubría se hacía cargo de la investigación. Es de notar que el primer paso de esa investigación nacida de una nota del diario no merezca un registro, cuanto más no sea para hacerse acreedor al crédito de que una denuncia propia alcance envergadura judicial. ¿Será un indicio de que la guerra con el gobierno terminó o está en un impasse?
|
|
| |
|
|
|
 |
| |
| |
No se han encontrado comentarios para esta noticia.
|
| |
|
|
Recomendar sitio