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| Se ahoga la merluza |
| 13 de junio, 2008 |
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Hace exactamente diez años se produjo en la entonces Argentina menemista un escándalo económico y político a partir de la constatación de un desaguisado ambiental: la sobrepesca y los negociados habían puesto a la especie “merluza hubbsi” al borde de la extinción en el mar territorial. Uno de los más castigados en aquellos tiempos fue el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá. El después gobernador de la provincia de Buenos Aires fue tan criticado (en verdad toda la política de manejo de los recursos renovables se caracterizaba por tratarlos como si fueran infinitos), que llegó a hacer una especie de miserable acto de contrición cuando sostuvo que "la pesca, hasta 1997 fue manejada con el criterio del crecimiento. Toda la economía apuntaba a la competitividad y el eje eran los propios empresarios. Había que ayudarlos a exportar, a renovar la flota. Pero en el 95-96 me encuentro con el problema de la sobrepesca y, entre varios errores, cometí el mayor: no denunciar la situación porque no tenía ley de pesca y no podía parar ningún barco ni a toda la pesca porque generaba un caos social. No tuve la visión de que ése era el momento de cambiarlo todo".
Nadie sabe si Solá aprendió, aunque está la confirmación de que la clase política argentina, al menos la que lidia con el manejo de los recursos naturales renovables, no. La primera confirmación, dramática, se tuvo apenas poco tiempo después de la salida del menemismo: el volumen obsceno de captura no se redujo durante el gobierno de la Alianza, pese a los sucesivos alertas e informes y al acuerdo de reducción del veinte por ciento al que había cedido Solá después del escándalo. Es que en 1996, los estudios más conservadores señalaban que se había alcanzado –entre las autorizaciones legales pero espurias y la pesca ilegal- a 600.000 toneladas de merluza extraída. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que ya había advertido sobre el asunto en 1988 y 1991, en el festival del menemismo informó que "todos los indicadores muestran una situación crítica del recurso: la biomasa total tiene una tendencia decreciente con el tiempo; la biomasa reproductiva se halla con valores por debajo de lo biológicamente aceptable y también con tendencia decreciente; la captura es sostenida por pocas clases de edad y existe una tendencia a la desaparición de las clases de edad más grande".
Aquellas denuncias de 1998 finalmente condujeron a una veda en la captura de la merluza. Y la veda llevó a Fernando de la Rúa a decirle a Susana Giménez, que el gran problema que enfrentaría su gobierno era la falta de merluza en la mesa de los argentinos.
La crisis del 2001, como ocurrió con casi todos los recursos naturales sometidos a la presión extractiva, significó un alivio. La recuperación económica posterior, por el contrario, consolidó la amnesia de la clase política y potenció los proyectos de un gobierno cuyos principales exponentes provienen de la lógica pesquera a ultranza de la Patagonia costera. Ya en 2006, la ONG Cedepesca advirtió que había, otra vez, una mala noticia para la merluza: la sobrepesca. El año anterior, los permisos de pesca otorgados por el gobierno adjudicaron volúmenes un cincuenta por ciento por encima de las recomendaciones del INIDEP, un instituto intachable que depende del Conicet y que siempre fue tomado como referencia académica para regular la actividad de modo que su producción sea sustentable en el tiempo.
Ahora, en sintonía con esa percepción científica, la Auditoría General de la Nación es un poco más dura: tras auditar lo ocurrido en el área de pesca entre 2002 y 2006, concluyó que “las falencias en el control y la fiscalización, así como la falta de transparencia” en el ámbito de la Secretaría de Pesca, han puesto nuevamente al límite de su capacidad a las poblaciones de merluza hubbsi, al igual que el calamar. A comienzos de este año, la Secretaría de Pesca debió admitir que iba a reducir en un 20 por ciento los cupos por la baja en las poblaciones de merluza. La Fundación Vida Silvestre, imposible de ser acusada de no defender el criterio comercial aunque sustentable de los recursos naturales, salió a decir que la ecuación era sencilla: “hay más barcos, más redes y más capturas de lo que el ambiente marino puede sostener”.
El informe de 140 páginas de la auditoría es lapidario:
-Señala que a cinco años del primer informe sobre la supervisión del estado sobre la pesca: "aún no se ha alcanzado o logrado el control necesario a los fines de evitar los excesos en la explotación de los recursos pesqueros para asegurar su sustentabilidad".
-Subraya que "las diferencias entre las capturas declaradas y lo constatado por los inspectores en la descarga en los puertos (de los pesqueros) no son enviadas al Area de Infracciones y Sumarios".
-Indica que en 7 de 14 buques relevados por ese organismo se constató que el parte de captura confeccionado por el capitán del buque "no se confecciona correctamente" violando la ley de Federal de Pesca y a pesar de que la diferencia con la descarta en puerto llega "a un 300 por ciento" .
-Puntualiza que de los informes de los inspectores del Gobierno embarcados en los buques se desprende que éstos "no labran el acta de infracción correspondiente" en esos casos y "falsean el registro de pesca".
-Sostiene que la mayoría de los buques no usan el dispositivo de selectividad obligatorio llamado DEJUPA que permite el escape de las especies juveniles de la merluza para su preservación.
-Denuncia, duramente, que "las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente".
La Fundación Vida Silvestre, insospechada de no creer en la inversión privada para la explotación de los recursos naturales, también se dedicó al asunto merluza. La ONG aprovechó el día del medio ambiente como excusa para difundir un documento durísimo en relación a la situación de la merluza, que dice cosas como éstas:
En las últimas dos décadas, Argentina ha explotado excesivamente sus recursos pesqueros sin tomar en cuenta debidamente aspectos ambientales y sociales. Esta conducta ha llevado al borde del colapso algunas de nuestras principales especies comerciales, como la merluza, la corvina y la pescadilla, poniendo en riesgo la salud del ecosistema y la estabilidad del sector. Las principales amenazas que enfrenta nuestro patrimonio marino incluyen la sobrepesca, la captura de juveniles y la captura incidental de especies no deseadas. Estas problemáticas se perpetúan por cuestiones “de fondo” como: la ausencia de políticas pesqueras que establezcan “reglas claras” para todos los actores; fallas en los sistemas de administración, control y fiscalización; falta de transparencia y de participación en la toma de decisiones; sobrecapitalización de la industria; y dificultades de los actores involucrados en el sector para generar una visión conjunta y una estrategia para alcanzarla. Actualmente, la pesquería dedicada a la merluza común (Merluccius hubbsi), columna vertebral de la pesca argentina, enfrenta una nueva crisis. Existe un problema histórico que debe resolverse inmediatamente: en los últimos 20 años la biomasa reproductora de merluza se ha reducido un 70%. Esta crisis presenta un gran riesgo, pero principalmente puede constituirse en una oportunidad para el cambio. Las medidas que se tomen y las acciones que se apliquen pueden representar el primer paso hacia una nueva política pesquera o empujar a la principal especie marina de interés comercial al borde del colapso.
La merluza puede ser pensada como la “columna vertebral” del sector pesquero en Argentina:
• Socialmente, genera el 60% de las fuentes de empleo de la industria pesquera, tanto a bordo como en tierra, porcentaje que representa 12.000 puestos de trabajo directos (y “en blanco”).
• Económicamente, el comercio de pescado representa una importante fuente de ingresos en divisas, que se suma a la contribución esencial del sector a los ingresos y el empleo. La merluza representa casi el 50% de los desembarques totales y el 40% del valor total de las exportaciones pesqueras, que en algunos años superaron los U$s1.000.000.000, desplazando a la carne vacuna y representando más del 5 % de las exportaciones totales del país.
• Ambientalmente, es un recurso clave para el funcionamiento del ecosistema marino.
• Nutricionalmente, es un recurso muy valioso, difícil de sustituir.
• Legalmente, el mar y todas sus especies, incluyendo la merluza, forman parte del patrimonio natural de todos los argentinos. La sociedad civil tiene derecho a exigir una administración efectiva y transparente, y una explotación sustentable de sus recursos y ambientes marinos.
Durante el transcurso de 2007, conflictos sectoriales vinculados a la relación laboral entre empresas y trabajadores, emergieron nuevamente en varios puertos argentinos sacando a la superficie un problema difícil de manejar social, económica, política y ambientalmente: la disponibilidad del recurso disminuye e genera inestabilidad en la situación laboral de los trabajadores del sector. En el marco del conflicto, el Estado intervino en forma parcial mediante la participación de las autoridades de trabajo. Sin embargo, el tema de fondo vinculado a la sobrecapitalización del sector y a la sobreexplotación del recurso, no fue abordado por la SAGPyA pese a la evidente necesidad de generar un modelo pesquero sustentable que asegure la salud del ecosistema y la disponibilidad de materia prima para asegurar una actividad de la industria acorde a los límites establecidos y que genere fuentes de trabajo dignas y estables. Mientras tanto, durante el 2007 la SAGPyA impidió el acceso público a los informes técnicos sobre el estado de la merluza, una obligación que debería haber cumplido para garantizar el derecho de acceso a la información que le corresponde a todos los ciudadanos argentinos de acuerdo a la Ley de Libre Acceso a la Informacion Pública Ambiental2. En paralelo, en Abril de 2007, el INIDEP recomendó a las autoridades una reducción de la captura biológicamente aceptable de merluza para el año en curso, entre otras medidas. Sin embargo, esta recomendación fue aplicada recién en 2008 por la SAGPyA a través de la Resolución 65/073. Vida Silvestre considera que este recorte no sólo no fue aplicado en el momento oportuno, sino que probablemente no sería suficiente para la recuperación del recurso si no se toman y aplican medidas de fondo que aseguren el futuro de la especie y de la pesca en general.
Causas de la crisis
Tanto durante la década del 90 como en el contexto actual, la pesquería argentina de merluza común llegó a atravesar una situación crítica a causa de:
1. La ausencia de un plan de manejo y un modelo nacional para el desarrollo de una pesca responsable y sustentable.
2. El exceso de capital, capacidad y esfuerzo de captura para la población de merluza.
3. Las fallas en los controles y en la fiscalización (por falta de presupuesto, decisión política y corrupción).
4. La sobrepesca de la población de merluza, superior a los límites biológicos recomendados y a los desembarques declarados.
5. La falta de aplicación de los dispositivos de pesca selectiva para evitar la captura de ejemplares juveniles que permitirían recuperar la estructura de los efectivos pesqueros.
6. La ausencia de un esquema claro, eficaz y transparente de participación de los actores involucrados en el sector, que incluya a la sociedad civil, para generar una visión conjunta y una estrategia para alcanzarla.
Consecuencias de la crisis
Importantes consecuencias de las deficiencias en el manejo efectivo de la pesca de merluza ya están afectando el ambiente y las vidas cotidianas de miles de argentinos. Por ejemplo, en el período 1986-2006, la biomasa de adultos reproductores de merluza disminuyó alrededor del 70%. En enero de 2008 el Concejo Deliberante de Mar del Plata declaró el estado de crisis de la industria pesquera en el Partido de General Pueyrredón, sitio en el que esta industria ocupa en forma directa e indirecta al 60 por ciento de la población4. Una de las empresas pesqueras líderes de la Patagonia, Alpesca, propuso un sistema de retiros voluntarios en su sede de Puerto Madryn. Se estima que la reducción de cupos establecida por el gobierno representa una pérdida de 2.700.000 horas laborables, equivalentes a 2 mil puestos de trabajo. Por otra parte, la mayoría de las especies que componen el “conjunto variado costero bonaerense” tuvo un menor rendimiento durante 2007, dato que preocupa teniendo en cuenta que esta pesquería es una alternativa frente a la disminución de la merluza.
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