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| Esmerilando a Gualeguaychú |
| 11 de febrero, 2008 |
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La operación tiene como trasfondo la mil veces postergada reunión entre la presidenta Cristina, que ya tuvo tiempo de reunirse con Moyano y cuanto sindicalista apretador recorra la Argentina, y los asambleístas de Gualeguaychú, con quienes -siempre se supo- no tiene la mejor de las sintonías. La primera reflexión debe ser respecto del tiempo que la presidente se viene tomando para discutir y conocer la opinión de quienes llevan adelante el más serio conflicto diplomático de la Argentina desde problemas limítrofes con Chile a comienzos de los 80.
Quienes siguen la información sobre el conflicto de las papeleras desde el inicio allá por el año 2004 cuando el canciller Rafael Bielsa comandaba a los diplomáticos que firmaban acuerdos con Uruguay para favorecer la llegada de Ence, saben que una de las personas menos proclives a soportar la tozudez de la gente de Gualeguaychú ha sido precisamente Cristina. Así como el ex presidente Néstor Kirchner, con el concurso del jefe de Gabinete Alberto Fernández, adoptó la posición de admitir todo lo que los asambleístas plantearan siempre y cuando fuera en Gualeguaychú y nunca fuera de ese ámbito, Cristina viene insistiendo desde antes de asumir que prefiere finalmente pagar el costo de enfrentar a los ambientalistas antes que mantener eternamente abierto un conflicto con Uruguay.
Por eso, en las escasísimas opiniones que se le conocieron sobre este tema, Cristina puntualizó dos ideas: por un lado, que carece sentido la protesta si se confirma que Botnia no contamina, y por otro, que el dictamen lo dará la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ante la cual la Argentina se presentó para dirimir el conflicto y cuya sentencia deberá acatarse.
La gente de Gualeguaychú resolvió desafiar incluso el ejercicio de sentido común que supone acatar el fallo de una instancia judicial a la cual se acudió sin que nada ni nadie obligara a hacerlo. Haciendo un poco de memoria, puede constatarse que la asamblea de Gualeguaychú apoyó la tardía decisión del gobierno de acudir a La Haya con la misma zanahoria con la que había acompañado a Romina Picolotti –antes de ser secretaria de Medio Ambiente- a Washington a convencer al Banco Mundial de que no debía financiar a Botnia. Tanto en un caso como en el otro, los argumentos oficiales, cuya táctica requería del aval de Gualeguaychú para tener consenso social, aseguraban que los foros internacionales darían la razón a la nación “agredida” por la violación de su soberanía que significaba la construcción de una planta contaminante del otro lado del límite que imponía el río Uruguay. La primera manifestación pública de los jueces de La Haya, votando por unanimidad el rechazo al recurso de amparo propuesto por Argentina para detener la construcción de Botnia, abrió los ojos a la gente de Gualeguaychú respecto de que perder era un escenario probable, pese a lo que les habían asegurado. En el Banco Mundial ni es necesario recordar la derrota por goleada.
Después de eso, el fallo de La Haya pasó a ser una especulación de un futuro muy lejano pues existía la esperanza de detener a los finlandeses. Pero luego de que Botnia comenzó a producir, la presentación argentina ante La Haya aparece como lo único que mantiene la protesta diplomática en pie.
Los asambleístas saben que el acatamiento de un fallo negativo de La Haya los obliga a terminar con la protesta. Por eso, desafiando al gobierno que supuestamente los apoyó aunque de manera muy particular, resolvieron anunciar su decisión de no acatar esa posible sentencia en contra. El país, claramente, no puede desconocerla, dado que se presentó allí por decisión propia y ese gesto implica la aceptación de lo que los jueces decidan.
Hasta acá entonces aparece como un conflicto más entre el gobierno y un sector que protesta. Lo que no estaba en los planes de nadie era la operación a través del notablemente predispuesto Clarín. El gran matutino argentino, primero, advirtió a todos sus lectores desde la tapa del diario que los asambleístas cometían la ilegalidad de otorgar una suerte de “pasaporte” a quienes autorizaban a atravesar el corte de ruta para, por ejemplo, ir a trabajar en campos situados entre el sitio elegido por los ambientalistas y el puente que une Argentina con Fray Bentos. Clarín se horrorizó como si tratara de algo novedoso (cualquiera que cubra el conflicto o haya ido hasta el corte sabía que eso ocurría) y como si esa ilegalidad fuera más grave que la propia del corte de ruta vigente desde hace más de un año.
Ahora, el diario de Ernestina nos hace saber desde la tapa que Cristina piensa que “Gualeguaychú debe aceptar el fallo de La Haya”. Pero no lo dice la presidenta, a pesar de lo que dice Clarín en su tapa. En un ejercicio de operación mediática sumamente alejado del periodismo tal como se enseña en los manuales y en las facultades, Clarín asevera semejante sentencia porque “lo supo de fuentes muy cercanas” a Cristina. ¿Por qué no lo dice Cristina directamente? ¿Será porque se está probando la reacción de tal aseveración? ¿Será como cuando Clarín dijo que Kirchner había asegurado que iba a ser imposible echar a Botnia, que luego el entonces presidente –ante la protesta encendida de Gualeguaychú- negó haber tenido ese comentario que sus voceros entregaron en exclusiva a ese mismo diario?
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