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| BOTNIAS |
| 06 de agosto, 2007 |
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Una de las condiciones básicas a la hora de ganar una batalla es la coherencia. Difícilmente alguien convenza a otro de dejar de hacer algo que uno mismo no es capaz de detener.
La Argentina es, en ese sentido, un muy mal ejemplo. De hecho, uno de los ejes principales del conflicto con Uruguay por las papeleras es la situación de doble estándar de nuestro país: le exige al vecino que no instale plantas presuntamente contaminantes cuando las que existen hacia el interior de nuestras fronteras son un ejemplo de lo que no se debe hacer.
El conflicto por las papeleras, lo acepte o no la gente de Gualeguaychú, está llegando a su fin. Y el resultado es el menos deseado: Uruguay obtuvo su venerada industria aún sin cumplir con los pasos esenciales de buena vecindad, Botnia hizo lo que quiso aplicando la teoría de los hechos consumados, el gobierno argentino pasó por el conflicto sin pagar un costo demasiado alto frente a la protesta social y Gualeguaychú aparece como el más perjudicado, con una chimenea que puede amenazar el futuro de una ciudad que se inventó a sí misma.
Una grosera incongruencia del conflicto se vivió la semana pasada con la tercera reunión (segunda en Nueva York) entre las delegaciones de los dos países, convocadas por el mediador español Antonio Yánez Barnuevo, enviado por el rey Juan Carlos a sembrar la paz en el río de la Plata. Mientras Uruguay se sostenía, como en los últimos dos años, en la exigencia de que se levante el corte de ruta entre Gualeguaychú y Fray Bentos, la Argentina insistía en su novedosa e incomprensible (por inoportuna) postura de discutir la relocalización de una empresa que anunció que en treinta días está produciendo y exportando ese producto. ¿Hay alguien que con honestidad pueda explicar por qué no fue ésa (la del traslado de Botnia) la postura de la Argentina en el 2005, cuando aún era posible y por lo tanto era políticamente mucho más defendible?
En aquellos tiempos del 2005, apenas situado en los medios nacionales el reclamo inquebrantable de Gualeguaychú, la Argentina era un canto a la inconsistencia. Venía de dos años de aprobar cuanta moción a favor de las papeleras presentara Uruguay en la Comisión Administradora del río homónimo, con el punto más alto ubicado el 14 de mayo de 2005, con la firma del acta que dejaba en pie el “Plan de Monitoreo de la calidad ambiental del río Uruguay en áreas de plantas celulósicas”. Como hasta ese momento no existía ninguna pastera funcionando en el río Uruguay, es bastante obvio suponer que el acta en cuestión se refería a las que pedían autorización para radicarse en Fray Bentos (Ence y Botnia) y que Argentina, al concibir un plan de monitoreo de esa industrias, avalaba explícitamente su construcción y posterior puesta en marcha.
Pero, sabemos, la gente de Gualeguaychú se subió al puente y cambió la historia, obligando al gobierno argentino a modificar su criterio original.
Aunque también la situación disparó actitudes impensables. Disculpen que me cite a mí mismo. En mi libro “El medio ambiente no le importa a nadie”, escribí que “el 14 de septiembre, en uno de los actos más demagógicos de que se tenga memoria, Busti declaró a la provincia de Entre Ríos ‘libre de plantas procesadoras de pasta de celulosa cuya actividad industrial impacte en el medio ambiente’”. Recordaba, junto con esa cita, que no se conocía que tras la puesta en vigencia de esa ley se hubiera cerrado la fábrica Iby que, según la publicación NotiForestal del 28 de febrero de 2001, procesaba 50 toneladas diarias de pasta de celulosa.
Debo confesar que olvidé el asunto hasta que la semana pasada, un mail de la oficina de prensa de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación me hizo recuperar la memoria de esa increíble contradicción. La información oficial del organismo conducido por Romina Picolotti decía que “Clausuran una papelera en Entre Ríos por contaminación del río Paraná”. Perdón: ¿No era que se había declarado a Entre Ríos libre de papeleras contaminantes? ¿Qué pasó desde esa declaración en 2005 hasta esta clausura en 2007? ¿La papelera Iby funcionó ilegalmente? Podríamos preguntarnos, además, dónde estaban los controles sobre las plantas locales de un país que le exige –con todo derecho- a Uruguay que no instale en la frontera una pastera presumiblemente contaminante.
Gracias a mi función de periodista y con la idea de grabar un informe televisivo acerca de la papelera que contaminaba el territorio libre de papeleras contaminantes, viajé la semana pasada a Ibicuy, pequeño pueblo del sur entrerriano en el que se erige la fábrica (si es que así puede llamarse) Iby S.A.
Con sólo pasar por la puerta (de la planta clausurada) y observar el pequeño riacho de color azul Francia que sale de su interior, se comprende por qué la Argentina carece –tristemente- de autoridad moral para exigir ciertas cosas. Según la propia información dada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y la de la provincia de Entre Ríos, “la empresa presenta una inadecuada acumulación, manipulación y disposición de residuos peligrosos; no posee certificado para operar este tipo de desechos y tiene antecedentes por contaminación en la Justicia de Faltas Municipal y una multa pendiente por no cumplir con la normativa ambiental vigente”.
Casi el mismo día, recibí la información en la que Botnia anunciaba que –pese a los cortes de ruta, las protestas de Gualeguaychú, las pruebas que demuestran el riesgo que encarna, la presentación de la Argentina ante la Corte de La Haya, la mediación del rey de España y decenas de etcéteras- en un mes estará produciendo y exportando su pasta de celulosa. Recordé la foto que la abyecta planta de Iby (papelera en territorio libre de papeleras) había dejado en mi cabeza. Entendí, entonces, que son las botnias cotidianas de la Argentina las que nos condenan a padecer la Botnia (o las botnias, el tiempo dirá) de los vecinos.
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